Juan Pablo Fernández, promotor de eventos y administrador del local de baile ‘El Huaralino‘ en Los Olivos, denunció ser víctima de extorsión y recibir amenazas de individuos desconocidos. A pesar de haber alertado a las autoridades en diciembre, afirma que no se han tomado medidas para salvaguardar su seguridad, la de su familia y la del público que asiste a sus conciertos.

Recientemente, recibió un video en su teléfono celular donde aparecen desconocidos manipulando armas y disparando al aire, mientras le exigen que se comunique con ellos sin notificar a la Policía Nacional del Perú. Aunque no han especificado montos, le instan a colaborar, sin embargo, desde mediados de enero dejó de recibir amenazas al filtrar las llamadas desconocidas.

Manifestó sentirse desprotegido ante la falta de acción por parte de las autoridades, a pesar de haber presentado la denuncia y proporcionado evidencia de las amenazas. Señaló la ausencia de presencia policial y de apoyo por parte de las autoridades.

Fernández también mencionó que la mayoría de los artistas y productores musicales enfrentan amenazas similares, aunque no puede confirmar si estos pagan o no a los extorsionadores.

Captura de presuntos responsables

Sin embargo, hubo un desarrollo positivo cuando la Dirincri capturó a dos individuos presuntamente vinculados a la banda criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, especializada en extorsionar a artistas que se presentan en locales de Lima. Los detenidos fueron identificados como Luis Porras Rosas y Tony Malqui Espino. Además, durante un registro en un predio en San Martín de Porres, se encontraron objetos similares a los utilizados en los videos de extorsión que circulan en las redes sociales.

Nuestra Opinión

Como empresa de servicios de seguridad, consideramos profundamente preocupante y lamentable la situación descrita en la noticia. Las amenazas a empresarios y miembros de la comunidad son una afrenta a la seguridad y el bienestar de todos. Es fundamental que las autoridades competentes tomen medidas inmediatas para proteger a las víctimas y prevenir la perpetuación de estos delitos.

Es inaceptable que un individuo, como en este caso el promotor de eventos Juan Pablo Fernández, se sienta desprotegido y sin apoyo policial después de haber presentado una denuncia y proporcionado evidencia de las amenazas que enfrenta. La seguridad pública es un derecho fundamental, y es responsabilidad de las autoridades garantizarla.

Como empresa de seguridad, instamos a las autoridades a tomar acciones concretas para investigar y detener a los responsables de estos actos criminales. Además, ofrecemos nuestros servicios y recursos para colaborar en la protección y seguridad de la comunidad afectada y de cualquier otra persona que pueda estar en riesgo de sufrir situaciones similares.

Es vital que se fortalezcan las medidas de seguridad y se implementen estrategias efectivas para prevenir y combatir la extorsión y el crimen organizado en todas sus formas. La seguridad de los ciudadanos y la integridad de sus negocios y actividades deben ser una prioridad absoluta para todos los involucrados en la protección y el bienestar de la sociedad.